Pueblo Salado está en manos de los bancos y puede que los compradores no vean los 30.000 euros que dieron como entrada a la empresa Proclami
La imagen actual de la urbanización Pueblo Salado es de total abandono. Las casas están prácticamente finalizadas, pero falta por rematar los espacios comunes, entre ellos la piscina. Las grúas están paradas y los materiales se amontonan en un solar vallado. Sólo hay una casa habitada en la primera fase.
La Opinión
MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ GARCERÁN El sueño de Andrés (nombre ficticio) de disfrutar los veranos en San Pedro del Pinatar, en una casita de planta baja, se ha hecho trizas después de que la empresa Proclami, promotora de la urbanización de 80 viviendas denominada Pueblo Salado, haya entrado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por no poder afrontar el pago de las hipotecas que tiene contraídas con las dos entidades financieras que avalaron las obras.
Andrés se ha encontrado con la amarga realidad de que la casita tipo bungalow, ubicada junto al polideportivo municipal pinatarense, en una zona de expansión urbanística de San Pedro, ya no será su residencia de verano porque las hipotecas que pesan sobre la urbanización hacen inviable la finalización de las obras.
Los compradores de las casas, cuyo precio oscila entre los 150.000 y los 200.000 euros, han entregado unas cantidades a cuenta que rondan los 30.000 euros y que difícilmente les serán reintegradas, ya que la empresa constructora, perteneciente al Grupo Proclami S.L. no cuenta ni con dinero ni con patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda.
La urbanización se ha realizado en dos fases, la primera avalada por Caja Mediterráneo y la segunda por el Banco Pastor, y sobre esta última recae, además de la hipoteca, un embargo de la Agencia Tributaria debido a que la empresa solicitó un préstamo de 800.000 euros que no ha podido devolver. "Mi casa pertenece a la fase del Banco Pastor, así que es mucho más difícil que la terminen que las de la CAM, que según tengo entendido, quería acabar la urbanización", asegura Andrés.
José Antonio Martínez Moya, el abogado que lleva la causa de casi 30 de los 40 afectados, manifestó a LA OPINIÓN que ya se han presentado las demandas civiles en los juzgados de Murcia, sin que la empresa se haya dado por aludida. "No han contestado ni a nuestras llamadas ni a los numerosos burofaxes que les hemos enviado para que se personen y entreguen las escrituras de compraventa y lo único que sabemos es que el administrador ha dejado claro que no tienen el dinero, pese a que la oficina continúa abierta y operando con las otras empresas del grupo". De hecho, este periódico también intentó ponerse en contacto con Proclami sin éxito.
A por la demanda penal
El siguiente paso es presentar la demanda por la vía penal en los juzgados de San Javier contra las personas físicas que forman la empresa; contra la mercantil Eurocaution Levante, la correduría de seguros, con sede en Valencia, que supuestamente debería haber otorgado los avales, y contra la dirección general de Consumo de la Comunidad Autónoma.
"La correduría ha resultado ser un fraude, ya que supuestamente representan a una empresa inglesa que no puede operar en España, por lo tanto no ejecutará los avales", asegura el abogado. La última esperanza para los propietarios es que la dirección general de Consumo Autónoma asuma su responsabilidad.
Las obras de Pueblo Salado comenzaron en 2005 y las viviendas deberían haber sido entregadas en el último cuatrimestre de 2008. La sospecha de que la empresa iba a incumplir los plazos se materializó en diversos foros de Internet. La sospecha dio paso a la realidad y en diciembre de 2008, cuando expiró el plazo para la entrega de las casas, ninguna notificación llegó hasta los compradores en forma de carta o llamada telefónica "pese a los numerosos requerimientos notariales que se le hicieron", asegura el letrado Martínez Moya. Los rumores de que la CAM se haría cargo de la obra para finalizarla levantaron un hilo de esperanza entre algunos propietarios, pero será complicado que se materialice.
Andrés da totalmente por perdida la casa y, como el resto de los propietarios, sólo aspira a que se le devuelva al menos una parte del dinero. El abogado se muestra pesimista y recuerda que hay unas cláusulas por las que los clientes "tienen derecho a que se les devuelva el dinero, pero no a recibir una indemnización, por eso en el pleito civil hemos solicitado que se anule el contrato", afirma Martínez Moya.
La imagen actual de la urbanización Pueblo Salado es de total abandono. Las casas están prácticamente finalizadas, pero falta por rematar los espacios comunes, entre ellos la piscina. Las grúas están paradas y los materiales se amontonan en un solar vallado. Sólo hay una casa habitada en la primera fase.
La Opinión
MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ GARCERÁN El sueño de Andrés (nombre ficticio) de disfrutar los veranos en San Pedro del Pinatar, en una casita de planta baja, se ha hecho trizas después de que la empresa Proclami, promotora de la urbanización de 80 viviendas denominada Pueblo Salado, haya entrado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por no poder afrontar el pago de las hipotecas que tiene contraídas con las dos entidades financieras que avalaron las obras.
Andrés se ha encontrado con la amarga realidad de que la casita tipo bungalow, ubicada junto al polideportivo municipal pinatarense, en una zona de expansión urbanística de San Pedro, ya no será su residencia de verano porque las hipotecas que pesan sobre la urbanización hacen inviable la finalización de las obras.
Los compradores de las casas, cuyo precio oscila entre los 150.000 y los 200.000 euros, han entregado unas cantidades a cuenta que rondan los 30.000 euros y que difícilmente les serán reintegradas, ya que la empresa constructora, perteneciente al Grupo Proclami S.L. no cuenta ni con dinero ni con patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda.
La urbanización se ha realizado en dos fases, la primera avalada por Caja Mediterráneo y la segunda por el Banco Pastor, y sobre esta última recae, además de la hipoteca, un embargo de la Agencia Tributaria debido a que la empresa solicitó un préstamo de 800.000 euros que no ha podido devolver. "Mi casa pertenece a la fase del Banco Pastor, así que es mucho más difícil que la terminen que las de la CAM, que según tengo entendido, quería acabar la urbanización", asegura Andrés.
José Antonio Martínez Moya, el abogado que lleva la causa de casi 30 de los 40 afectados, manifestó a LA OPINIÓN que ya se han presentado las demandas civiles en los juzgados de Murcia, sin que la empresa se haya dado por aludida. "No han contestado ni a nuestras llamadas ni a los numerosos burofaxes que les hemos enviado para que se personen y entreguen las escrituras de compraventa y lo único que sabemos es que el administrador ha dejado claro que no tienen el dinero, pese a que la oficina continúa abierta y operando con las otras empresas del grupo". De hecho, este periódico también intentó ponerse en contacto con Proclami sin éxito.
A por la demanda penal
El siguiente paso es presentar la demanda por la vía penal en los juzgados de San Javier contra las personas físicas que forman la empresa; contra la mercantil Eurocaution Levante, la correduría de seguros, con sede en Valencia, que supuestamente debería haber otorgado los avales, y contra la dirección general de Consumo de la Comunidad Autónoma.
"La correduría ha resultado ser un fraude, ya que supuestamente representan a una empresa inglesa que no puede operar en España, por lo tanto no ejecutará los avales", asegura el abogado. La última esperanza para los propietarios es que la dirección general de Consumo Autónoma asuma su responsabilidad.
Las obras de Pueblo Salado comenzaron en 2005 y las viviendas deberían haber sido entregadas en el último cuatrimestre de 2008. La sospecha de que la empresa iba a incumplir los plazos se materializó en diversos foros de Internet. La sospecha dio paso a la realidad y en diciembre de 2008, cuando expiró el plazo para la entrega de las casas, ninguna notificación llegó hasta los compradores en forma de carta o llamada telefónica "pese a los numerosos requerimientos notariales que se le hicieron", asegura el letrado Martínez Moya. Los rumores de que la CAM se haría cargo de la obra para finalizarla levantaron un hilo de esperanza entre algunos propietarios, pero será complicado que se materialice.
Andrés da totalmente por perdida la casa y, como el resto de los propietarios, sólo aspira a que se le devuelva al menos una parte del dinero. El abogado se muestra pesimista y recuerda que hay unas cláusulas por las que los clientes "tienen derecho a que se les devuelva el dinero, pero no a recibir una indemnización, por eso en el pleito civil hemos solicitado que se anule el contrato", afirma Martínez Moya.
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